El Grupo Municipal de Esquerra Republicana celebra que, finalmente, el caso Inipro llegue a juicio y que se pueda esclarecer judicialmente qué ocurrió con los recursos públicos vinculados al contrato del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) con la empresa Inipro.
La causa, iniciada en el año 2013, investiga presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de casi 276.000 euros que tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada. Según las acusaciones, estos recursos habrían podido terminar destinados a finalidades diferentes a las previstas, vinculadas a la promoción de la imagen del entonces alcalde Josep Fèlix Ballesteros y del PSC. El juicio sentará a nueve personas en el banquillo de los acusados, entre ellas el exalcalde socialista.
El candidato a alcalde de ERC, Xavi Puig, defiende que lo más importante es esclarecer los hechos por el bien de Tarragona.
Los republicanos también lamentan profundamente la dilación de un procedimiento que se comenzó a investigar hace más de trece años. En este sentido, ERC considera que el paso del tiempo puede acabar haciendo más injusto el propio procedimiento, especialmente si las dilaciones pueden afectar la posibilidad de depurar responsabilidades.
Retirada de la acusación particular al inicio de la legislatura
ERC recuerda que una de las primeras decisiones de Viñuales al llegar a la alcaldía en junio de 2023 fue decretar la retirada del Ayuntamiento de Tarragona como acusación particular del caso Inipro, argumentando que la personación municipal era “extemporánea” y “fútil procesalmente”.
Los republicanos denunciaron esta decisión porque el Ayuntamiento es una de las instituciones directamente afectadas por los hechos que se investigan y porque, durante el mandato de Pau Ricomà, el consistorio se había personado en la causa con el objetivo de defender los intereses de los tarraconenses y reclamar que se esclareciera el destino de los recursos públicos. Por eso, ERC presentó un recurso contra el decreto de Viñuales y solicitó medidas cautelares para evitar la retirada del Ayuntamiento de la causa.
