La Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona reclama una respuesta más contundente de las administraciones ante el aumento sostenido de la ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno que, según la entidad, genera un impacto social, económico y jurídico importante tanto para los propietarios como para la convivencia vecinal.
La entidad advierte que, según datos del Ministerio del Interior, los casos de usurpación o ocupación ilegal han pasado de 2.702 en el año 2010 a 16.426 en 2024 en todo el Estado, un incremento superior al 500%. En la demarcación de Tarragona, en el mismo período, se ha pasado de 78 a 785 casos, multiplicando casi por diez la cifra inicial.
La Cámara considera que estos datos evidencian que no se trata de un fenómeno puntual, sino estructural, y reclama una respuesta pública más eficaz. Según la entidad, detrás de cada caso hay propietarios que a menudo han adquirido la vivienda tras años de ahorro o como apoyo para la jubilación.
También alerta del impacto sobre las comunidades de vecinos, con problemas de convivencia, sensación de inseguridad, desperfectos y aumento de gastos, tal como recoge el Instituto de Estudios Económicos.
En cuanto a la resolución de los casos, la Cámara destaca que en 2024 se investigaron en Tarragona 621 de los 785 hechos conocidos, cerca del 80%, hecho que, según la entidad, muestra que el problema no es tanto la identificación como la lentitud de los procesos para recuperar los inmuebles.
Ante esta situación, propone incrementar el parque de vivienda social, agilizar los procedimientos judiciales de desalojo, endurecer las sanciones y establecer mecanismos de indemnización para los propietarios afectados.
La Cámara defiende que el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad deben ser compatibles, y que la respuesta a la vulnerabilidad social debe recaer en las administraciones públicas, no en particulares.
