Natividad Hernández Flores, que presidió durante 18 años la asociación de vecinos, ha reconocido ante el tribunal que trabajó con Alejandro Caballero y Judit Cepero en proyectos de integración y dinamización comunitaria. La jornada también ha incluido las declaraciones de varios agentes de la Guardia Civil sobre los registros practicados en el año 2016.
La sesión de este 23 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona, en el marco del juicio del caso Inipro, ha estado marcada por la declaración de Natividad Hernández Flores, expresidenta de la Asociación de Vecinos de Riuclar, que ha aportado detalles sobre las actuaciones de mediación, convivencia e integración social desarrolladas en el barrio por trabajadores vinculados a la empresa Inipro.
La jornada también ha contado con la comparecencia de varios agentes de la Guardia Civil que participaron en las entradas y registros del 4 de mayo de 2016, así como de un especialista en delitos tecnológicos, que ha explicado los procedimientos seguidos en la recogida, custodia y análisis de las evidencias digitales.
La ex presidenta de Riuclar identifica trabajadores y proyectos concretos de Inipro
Uno de los testimonios más destacados de la jornada ha sido el de Natividad Hernández Flores, que durante 18 años estuvo al frente de la Asociación de Vecinos de Riuclar.
A preguntas de la presidenta del tribunal, Hernández ha confirmado que mantuvo contactos y colaboró con Alejandro Caballero y Judit Cepero, dos trabajadores vinculados a Inipro, en diferentes iniciativas destinadas a mejorar la convivencia y la integración de la población recién llegada.
Según ha explicado, ambos se pusieron en contacto con la asociación vecinal para dar a conocer proyectos en los que la entidad podía participar. Estas actuaciones respondían a las necesidades sociales del barrio, caracterizado en aquella época por una importante presencia de población de origen inmigrante y por diversas problemáticas relacionadas con la convivencia en las comunidades de vecinos.
Durante su declaración, Hernández ha identificado proyectos y actividades concretas en las que participó la asociación. Entre estas iniciativas, ha destacado el programa «Escales Actives», orientado a trabajar la convivencia en las comunidades vecinales y a abordar situaciones de conflicto y problemas relacionados con los impagos.
También ha recordado reuniones celebradas en la sede de la asociación, diferentes actuaciones de mediación comunitaria y la organización de una fiesta intercultural en el barrio, con la participación de entidades vecinales y asociaciones de personas de origen extranjero.
La testigo ha situado estas actividades en el contexto de las necesidades que tenía Riuclar en aquel momento y ha defendido la importancia de disponer de herramientas que facilitaran la integración social y la convivencia entre los diferentes colectivos.
Otro de los aspectos relevantes de su declaración ha sido la explicación sobre la relación que mantenía con Caballero y Cepero. Hernández ha manifestado que, en aquella época, desconocía que trabajaran para una empresa externa, ya que se habían presentado como personas vinculadas al Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona.
Por este motivo, ha explicado que la relación de la asociación con estos trabajadores se desarrollaba en el marco habitual de colaboración con los servicios municipales y de participación en proyectos comunitarios.
Un testimonio que aporta detalles sobre las actividades desarrolladas en los barrios
La comparecencia de la expresidenta vecinal ha permitido incorporar al juicio una descripción de las actividades en las que participó directamente la Asociación de Vecinos de Riuclar.
Hernández no se ha limitado a reconocer la presencia de trabajadores vinculados a Inipro en el barrio, sino que ha identificado personas, reuniones, proyectos e iniciativas relacionadas con la mediación, la convivencia y la integración de la población recién llegada.
Este testimonio se incorpora al debate judicial sobre los trabajos desarrollados en el marco del contrato municipal adjudicado a Inipro, destinado a fomentar el asociacionismo de la población recién llegada.
De hecho, la declaración de Hernández ya había sido solicitada por las defensas durante la fase de instrucción, con la voluntad de aportar información sobre las actividades que el personal de la empresa había desarrollado en los barrios de Tarragona.
Durante el interrogatorio, el letrado de la acusación ejercida por la CUP también se ha interesado por la vinculación política de la testigo y por su participación en una candidatura municipal encabezada por Josep Fèlix Ballesteros.
Sobre esta cuestión, Hernández ha aclarado que su participación electoral fue puntual y motivada por el interés de contribuir a la mejora del barrio, y se ha desvinculado de cualquier militancia orgánica o ideológica.
Igualmente, ha explicado que los contactos que mantenía con los responsables municipales respondían a cuestiones relacionadas con la gestión vecinal, la resolución de problemáticas del barrio y la solicitud de subvenciones para las entidades.
La declaración ha aportado, así, el relato de una antigua responsable vecinal que ha confirmado haber colaborado con trabajadores de Inipro en actuaciones comunitarias concretas. La valoración del alcance de estas actividades y de su relación con el cumplimiento del contrato corresponderá al tribunal, junto con el resto de pruebas practicadas durante el juicio.
Los agentes de la Guardia Civil explican los procedimientos seguidos durante los registros
La jornada judicial también ha incluido las declaraciones de varios agentes de la Guardia Civil que participaron en las entradas y registros practicados el 4 de mayo de 2016, tanto en el Ayuntamiento de Tarragona como en el domicilio particular de Gustavo Cuadrado.
Los agentes han ratificado los procedimientos seguidos durante estas intervenciones y han explicado que las actuaciones se desarrollaron bajo la supervisión de la letrada de la Administración de Justicia, encargada de dar fe del inventario y de la cadena de custodia de los efectos intervenidos.
En cuanto al registro efectuado en el Ayuntamiento de Tarragona, los testigos han detallado que la extracción de la información digital fue realizada por el personal informático del mismo consistorio, siguiendo las indicaciones de los agentes policiales.
En relación con el material intervenido en el domicilio particular de Gustavo Cuadrado, han explicado que cada dispositivo y documento fue individualizado e introducido en bolsas de seguridad precintadas, con el objetivo de garantizar la identificación y la trazabilidad de los elementos recogidos desde el momento de la intervención.
Las evidencias digitales originales continúan a disposición del tribunal
Otro de los testigos de la sesión ha sido un agente de la Guardia Civil especializado en delitos tecnológicos, que ha detallado el protocolo seguido en el tratamiento y el análisis forense de las evidencias digitales.
El agente ha explicado que los volcado de datos se efectúo en sede judicial mediante herramientas forenses estándar, con las cuales se generaron copias de la información para facilitar su estudio por parte de los investigadores.
Uno de los aspectos destacados de su intervención ha sido la confirmación de que tanto los dispositivos originales como las copias íntegras de la información han quedado depositados a disposición del tribunal.
Esta circunstancia permite que las partes puedan acceder a los soportes originales para efectuar, si lo consideran necesario, un contraperitaje o una verificación independiente de los datos extraídos.
El agente ha situado estos procedimientos dentro de los mecanismos técnicos destinados a preservar la integridad de la información y garantizar su trazabilidad durante el proceso judicial.
El juicio se reanudará el 27 de octubre
A lo largo de la sesión, el tribunal también ha formalizado la renuncia a varios testigos que no habían podido ser localizados o que las partes consideraban prescindibles para la causa.
La jornada se ha cerrado con un reajuste del calendario procesal. La próxima sesión ha quedado fijada para el martes 27 de octubre, mientras que las pruebas periciales y otras declaraciones pendientes se han programado para el 18 de noviembre.
