Quien fue el jefe de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil de Tarragona durante la investigación del caso Inipro ha declarado que había indicios sobre irregularidades en la contratación de la empresa Inipro por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) en 2010. El testigo ha explicado que existían correos de 2009 que ya hablaban de su contratación con cantidades prácticamente iguales a las de la oferta que presentaron al año siguiente. Además, el agente ha indicado que las ofertas de Inipro e Itinere registradas en el registro del IMSST tenían las mismas faltas ortográficas y que habían confundido el asunto, mientras que la oferta de Gallet había sido borrada con típex.
En la declaración realizada este miércoles en el juicio de Inipro, que se ha prolongado unas dos horas, el máximo responsable de la unidad judicial también ha afirmado que los registros en las sedes del IMSST el 9 de octubre de 2015 fueron «difíciles». «Lo que tenía que ser una operación sencilla de solicitar un expediente y una serie de comunicaciones, con el volcado de los correos electrónicos, una copia de seguridad, se convirtió en una búsqueda del expediente casi imposible», ha aseverado.
El policía ha explicado que ningún trabajador de los Servicios Sociales sabía dónde estaba el expediente ni dónde estaban las facturas. «No había ningún documento que acreditase la actividad que había prestado Inipro a favor del Ayuntamiento», ha comentado y ha añadido que el expediente apareció a las cinco de la tarde en una zona que ya se había inspeccionado. También ha indicado que no encontraron los correos del gerente, el acusado Antonio Muñoz, ni su ordenador, a pesar de que se desplazaron a otras sedes del IMSST, como la del Departamento de Salud.
El máximo responsable de la unidad judicial ha explicado que el informático del IMSST le llamó a las once de la noche del 23 de febrero de 2016 para decirle que había localizado de forma casual el disco duro en la sede de Ponent y que había correos y documentación relacionada con los Servicios Sociales. «Me dijo que lo ponía en conocimiento nuestro porque tenía la obligación moral de entregar lo que había encontrado», ha declarado.
A además, ha declarado que le pidió que al día siguiente llevara el aparato a las dependencias policiales, donde compañeros suyos lo recogieron y le tomaron declaración. A preguntas de las defensas, ha asegurado que no había ninguna necesidad ni tampoco era urgente que lo entregara la misma noche de la llamada porque habían pasado cuatro meses desde los registros y, además, ha señalado, que fue por iniciativa propia del técnico.
Indicios de irregularidades en la contratación
El jefe de la policía judicial de la Guardia Civil ha explicado que encontraron indicios de que la licitación había estado «totalmente dirigida» porque las invitaciones a las tres empresas -Inipro, Itinere y Gallet- para que se presentaran en el procedimiento negociado sin publicidad se efectúo el 13 de julio de 2010 y desde Gallet la declinaron al día siguiente. No obstante, ha remarcado que la entrada de los sobres con las tres ofertas en el registro del IMSST se produjo de forma consecutiva. «Estaban los números 49, 50 y 51, y el 51 estaba borrado con típex, encima había otra inscripción, pero vimos a contraluz que era el de Gallet», ha manifestado.
Asimismo, ha detallado que las de Inipro e Itinere tenían las mismas faltas ortográficas y habían confundido el asunto. «Un concepto que no se había mencionado en ningún momento y casualmente era exactamente el mismo, concluimos que las había presentado la misma persona porque los números eran correlativos», ha aseverado el testigo, que ha añadido que también se encontró un documento Word del 22 de julio de 2010 que comparaba las ofertas cuando los sobres se abrieron el 4 de agosto.
En su declaración, ha afirmado que las empresas Inipro e Itinere formaban parte del mismo grupo y que la razón social de Gallet «no encajaba con el propósito del contrato», argumento que ha sido rebatido por el abogado defensor de esta compañía.
Correos un año antes
El jefe de la judicial ha subrayado que se localizaron una «serie de correos en los cuales ya se avanzaba el posible contrato» de Inipro un año antes de su licitación. «Coincidía prácticamente, con una diferencia de un euro» respecto a las cantidades que ofreció, así como los servicios que se querían prestar. El agente ha recordado que el contrato tenía vigencia de un año y que finalizaba el 31 de diciembre de 2010, así como que hubo dos períodos de pagos de las facturas, el primero entre el 1 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2011, y de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
«Aparecieron una serie de facturas y decretos de alcaldía que justificaban el pago de las 21 facturas que en teoría estaban fuera del contrato. Se justificaba, se ordenaba el pago con advertencias del interventor, de la jefa de contabilidad y del secretario sobre que estos servicios se habían prestado sin el procedimiento adecuado», ha aseverado. «El total fue de 276.000 euros, de los cuales 61.000 con IVA estaban previstos en el contrato original, el presupuesto previsto se acabó en diciembre de 2010», ha puntualizado. Estas facturas, sostiene, se pagaron por «un presunto enriquecimiento injusto».
Trabajadores vinculados al PSC
En paralelo, el agente ha señalado que comprobaron que se habían dado de alta trabajadores en la Seguridad Social y que había personas que estaban vinculadas al PSC. «Desde el inicio de la actividad relacionada con esta contratación, en marzo de 2010, Alejandro Caballero ya estaba dado de alta en Inipro», ha dicho. También ha aseverado que Cecilia Mangini estuvo contratada «sin error formal todo el tiempo».
Por otro lado, ha declarado que hay correos en los que se hablaba de una posible prórroga del contrato, pero que no se encontraron evidencias de que se hubiera hecho una segunda licitación. Finalmente, ha dicho que concluyeron que no había habido un incremento de población migrante ni creación de asociaciones enmarcadas en la finalidad del contrato, unos datos que también han sido rebatidos por las defensas.
En cuanto al informe de justificación de la necesidad de la contratación, el agente ha aseverado que era adecuado. «La contratación no justifica el informe, sino que el informe justifica la contratación futura; cuando se evalúa este informe de necesidad se ve que el informe cumple los requisitos de lo que tendría que ser un informe de necesidad», ha comentado. La sesión ha continuado con la declaración de otros agentes de la Guardia Civil.
