El exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha comparecido ante el tribunal en el marco del juicio por el caso INIPRO, manteniendo una línea de defensa centrada en el desconocimiento de los detalles técnicos de la contratación y en la obligatoriedad administrativa de sus firmas.
La firma de decretos: un acto administrativo, no político
Ballesteros ha justificado la firma de las siete resoluciones que permitieron el pago de facturas a INIPRO argumentando que actuaba bajo la supervisión técnica de los funcionarios. Según el exalcalde, el proceso seguía un circuito administrativo en el que el jefe administrativo, el señor Badía, revisaba los expedientes antes de que llegaran a su despacho. Ballesteros ha insistido en que, al recibir el visto bueno del interventor y del secretario, se veía obligado a firmar para evitar incurrir en un supuesto «enriquecimiento injusto» por servicios que, según le habían asegurado, ya se habían prestado.
Desconocimiento de la operativa de INIPRO
Durante el interrogatorio, el exalcalde ha negado rotundamente tener conocimiento de quiénes eran los trabajadores de INIPRO o de las tareas específicas que llevaban a cabo. Ha asegurado que, al gestionar cientos de contratos municipales, era «materialmente imposible» leerse el contenido detallado de cada decreto, y que se limitaba a confiar en los informes técnicos y económicos que acompañaban la documentación.
Transparencia y auditoría después del estallido del caso
Ballesteros ha relatado que tuvo conocimiento de las irregularidades cuando el caso trascendió a los medios de comunicación. Según su versión, su reacción inmediata fue ordenar «transparencia total», convocando a los grupos de la oposición para ofrecerles acceso a todo el expediente sin restricciones. Así mismo, ha destacado que, tras la dimisión del entonces gerente del IMSS, Antonio Muñoz, encargó una auditoría integral que derivó en la recentralización de servicios en el Ayuntamiento, al considerar que el IMSS no disponía de la estructura necesaria para gestionarlos.
El papel de la confianza política y el ciberactivismo
El exalcalde ha defendido la legitimidad de los grupos de voluntarios y «ciberactivistas» que colaboraban con el PSC, comparándolos con otras sectoriales del partido. Ha negado haber planificado la adjudicación de contratos para beneficiar a estas personas y ha subrayado que, en un contexto de crisis económica, la tarea de estos grupos era voluntaria y tenía como objetivo asesorar en la elaboración de programas electorales y mejorar la comunicación con la ciudadanía.
La relación con los cargos de confianza
Finalmente, Ballesteros ha reiterado que la designación de cargos como el de Antonio Muñoz en el IMSS o la delegación de competencias en Victoria Pellegrín respondían a criterios de confianza y trayectoria profesional, y no a una estrategia para controlar la contratación. Ha concluido su declaración insistiendo en que, en todo momento, su actuación estuvo guiada por las recomendaciones de los técnicos municipales, que le advertían de que no firmar los pagos habría sido más perjudicial para la administración.








