La tercera jornada del juicio del caso Inipro ha estado marcada por la declaración del informático del IMSST, que ha reconocido haber reparado en su domicilio particular un dispositivo que contenía correos electrónicos del exgerente Antonio Muñoz. Dos trabajadoras municipales también han confirmado la participación de profesionales de Inipro en reuniones y proyectos sociales en los barrios de Tarragona.
El juicio por el caso Inipro ha vivido este martes una jornada marcada por las declaraciones sobre la custodia de material informático y el trabajo desarrollado por los profesionales de la empresa en el ámbito de los servicios sociales de Tarragona. La declaración de Alexandre Ricard Borges, informático del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST), ha puesto sobre la mesa interrogantes sobre el tratamiento de documentación municipal durante el período investigado. Borges ha admitido ante el tribunal que se llevó a su casa un disco duro externo que contenía información sensible, una actuación que ha justificado como una práctica habitual ante la falta de protocolos y recursos de la época.
«Hoy no lo hacemos, en aquella época confiaban en mí para las reparaciones rápidas», ha declarado el técnico, defendiendo que su intención era puramente profesional. Según su relato, localizó el dispositivo estropeado en la sede de Ponent meses después del registro de la Guardia Civil en 2015. Al repararlo en su domicilio con un transformador propio, descubrió «de rebote» carpetas con datos de la sede central del IMSST, incluyendo archivos del exgerente Antonio Muñoz.
El informático ha insistido en que su acceso a los archivos no fue malintencionado, sino necesario para verificar el estado del disco. «Un disco puede tener muchos errores, mi responsabilidad era comprobar que se podía navegar por las carpetas», ha argumentado. Tras identificar la carpeta «Amunoz», decidió entregar el dispositivo a la Guardia Civil: «Encontré una carpeta que era Amunoz —Antonio Muñoz—, que no pertenece al servicio de Ponent, por eso, lo llevé a la Guardia Civil», ha relatado.
Interrogantes sobre la custodia de la información municipal
Durante el interrogatorio, Borges también ha reconocido que no entregó el disco duro a la Guardia Civil hasta el día siguiente de haberlo trasladado a su domicilio. Así mismo, según las explicaciones recogidas durante la sesión, el técnico ha admitido haberse llevado correos electrónicos del IMSST a su casa.
Estas circunstancias han abierto un debate sobre las garantías de custodia de la información municipal y las condiciones en las que se obtuvieron y conservaron determinadas pruebas informáticas incorporadas al procedimiento.
En este sentido, el artículo 92.2 del Real decreto 1720/2007, vigente en el momento de los hechos, establecía que la salida de soportes y documentos con datos personales fuera de las dependencias del responsable debía estar autorizada. Una de las cuestiones que se plantean es si el traslado del material disponía de las autorizaciones y medidas de seguridad correspondientes.
Las defensas también han señalado posibles divergencias entre algunas explicaciones del técnico y otros elementos de la investigación, especialmente en lo que respecta a las circunstancias de la localización, reparación y entrega del disco duro. Durante la sesión, el informático ha manifestado que no recordaba algunos detalles de los hechos.
Otro de los aspectos abordados ha sido un informe informático que señalaba que las conexiones a redes sociales no estaban permitidas para los trabajadores que utilizaban las dependencias municipales. Los abogados quieren contrastar esta información con otras pruebas del procedimiento.
Las próximas declaraciones de los agentes de la Guardia Civil podrían aportar más información sobre el tratamiento del dispositivo, las circunstancias de su entrega y la preservación de las pruebas informáticas.
Dos trabajadoras municipales confirman la presencia de profesionales de Inipro en proyectos sociales
Antes de la declaración del informático, la sesión se ha centrado en la dinámica de trabajo en el IMSST y en la participación de los profesionales de Inipro en las actividades municipales.
Las declaraciones de dos trabajadoras han aportado nuevos elementos sobre la presencia habitual de personal de la empresa en las dependencias de servicios sociales y su implicación en reuniones e iniciativas vinculadas a los barrios de Tarragona.
Celia López Clotet, empleada del instituto desde 1990, ha restado importancia a la desaparición del ordenador de Muñoz en aquel momento. «No le dimos más importancia», ha afirmado, ya que asumió que el equipo se habría trasladado a otra sede.
Por su parte, María del Pilar Samitier, conserje en la sede de Campclar, ha puesto en relieve la falta de control horario en aquella época. «No fichábamos», ha sentenciado, confirmando que no existía un registro sistemático de entradas y salidas.
No obstante, la trabajadora ha explicado que conocía a los profesionales de Inipro Cecilia Mangini y Mario Burzuri, a quienes veía habitualmente en las instalaciones municipales y asistiendo a reuniones de trabajo. Según su testimonio, mantenían una relación cotidiana con el personal del centro, hasta el punto de haber compartido cafés y una cena de despedida.
Samitier ha precisado que desconocía el contenido concreto de las reuniones y de los encargos profesionales, ya que estas cuestiones quedaban fuera de sus responsabilidades. No obstante, ha reconocido que sabía que los trabajadores también desarrollaban actividades fuera de las oficinas municipales.
Las actas y los proyectos en los barrios, nuevos elementos del juicio
Una de las declaraciones destacadas de la jornada ha sido la de Andrea Suñé López, técnica comunitaria vinculada a los programas Actiu als Barris, que ha detallado la implementación de proyectos de mediación y dinamización comunitaria.
La testigo ha confirmado que había coincidido profesionalmente con Cecilia Mangini y Mario Burzuri en diferentes ocasiones y que ambos participaban en comisiones y reuniones relacionadas con iniciativas sociales desarrolladas en los barrios de Tarragona.
Entre los proyectos mencionados figura Escales Actives, una iniciativa vinculada al trabajo comunitario. Según las explicaciones de la técnica, una parte de las actuaciones se desarrollaba fuera de las dependencias municipales, con presencia en las calles y contacto directo con los vecinos.
Suñé también ha reconocido diversas actas de reuniones incorporadas al procedimiento judicial y ha explicado que su redacción era rotatoria entre los participantes. Esta circunstancia permitiría explicar la presencia de documentos elaborados por los profesionales investigados.
Para las defensas, estas declaraciones tienen una relevancia especial porque no se limitan a acreditar la presencia física de los trabajadores de Inipro en las instalaciones municipales, sino que también identifican actividades concretas, reuniones y documentación relacionada con su trabajo.
Los abogados consideran que estos testimonios contribuyen a sostener que los profesionales de la empresa participaban efectivamente en proyectos vinculados a las necesidades sociales de Tarragona, una cuestión que forma parte del debate judicial.
Una jornada con nuevos elementos para las defensas
La sesión ha dejado, así, dos cuestiones diferenciadas sobre la mesa. Por un lado, los interrogantes sobre el tratamiento de la información municipal y la custodia del disco duro que contenía documentación del exgerente Antonio Muñoz. Por otro, las declaraciones de trabajadoras municipales que han reconocido la participación de los profesionales de Inipro en reuniones y actividades relacionadas con los servicios sociales.
Mientras las defensas consideran que los testimonios sobre el trabajo en los barrios refuerzan sus argumentos, las cuestiones relativas al material informático continúan pendientes de las explicaciones que puedan aportar otros testigos, especialmente los agentes de la Guardia Civil.
El tribunal deberá valorar el conjunto de estas declaraciones, junto con el resto de pruebas del procedimiento, para determinar su relevancia en el juicio.
