El juicio del caso Inipro, relacionado con presunta corrupción en el entorno del PSC de Tarragona, comenzará este viernes, trece años después del inicio de las investigaciones. Se celebrará en la antigua prisión de Tarragona por falta de espacio adecuado en las dependencias del Palacio de Justicia.
Hay nueve personas acusadas —a las que la Fiscalía pide hasta cinco años y diez meses de prisión—, seis encausados más como presuntos responsables civiles a título lucrativo —entre los cuales está el PSC— y dos empresas como responsables civiles subsidiarias. Entre los principales acusados se encuentran el exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, las exconcejalas Begoña Floria y Victòria Pelegrín, o el que fue jefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado.
Las investigaciones se remontan a 2009 y se centran en una presunta trama que, según la Fiscalía, habría derivado dinero de forma irregular del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) a la empresa Iniciativas y Programas SL (Inipro) mediante contratos que se hicieron ilegalmente. Según el ministerio fiscal, esta empresa habría contratado a personas afines al PSC para realizar trabajos relacionados con la población recién llegada, pero en la práctica habrían trabajado para los socialistas con el objetivo de mejorar la imagen pública del entonces alcalde Josep Fèlix Ballesteros y captar votos. Para el ministerio público, diferentes correos electrónicos intervenidos durante la investigación acreditarían esta tesis.
Para el ministerio fiscal, el primer elemento que evidencia la trama es un correo electrónico entre quien fue gerente de Inipro, Ricardo Campàs —ya fallecido—, y el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado, que derivó en una reunión en la que también participó el entonces gerente del IMSST, Antonio Muñoz, «con la evidente intención de defraudar la legalidad para arreglar un concurso público y conseguir el abono de fondos públicos en perjuicio del ente contratante».
Según el escrito de acusación, durante los siguientes meses, diferentes correos electrónicos sirvieron para acordar cómo se realizaría el concurso público, en qué términos y qué personas se deberían contratar posteriormente. Entre los trámites que se hicieron se habla de la elaboración de un informe que justificase la necesidad de la prestación del servicio «para dar apariencia de legalidad y asegurar el éxito del ilícito plan». En este punto habrían participado activamente Muñoz y Enriqueta Aznar, técnica municipal. Así, acabaron impulsando «la convocatoria del concurso público» mediante una propuesta de 59.900 euros (sin IVA), «el cual habilitaba la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, buscado a propósito para ser manipulado con el fin de garantizar la contratación de Inipro».
Para el ministerio público, para desarrollar el plan, la entonces concejala del Ayuntamiento Victòria Pelegrín dictó una resolución por la que aprobaba el pliego de cláusulas «sabiendo que el procedimiento sería una mera simulación que aparenta regularidad y ocultaría la predeterminación de la empresa finalmente adjudicataria». Aquella resolución establecía que sería un procedimiento negociado sin publicidad, con un plazo de ejecución máximo de un año y sin posibilidad de prórroga.
Una vez publicado el pliego, el gerente del IMSST «ordenó al departamento de administración que invitase formalmente a las empresas Inipro, Itinere Servicios Educativos SL y Gallet Consultores y Asociados SL. «La elección de aquellas empresas no fue aleatoria ni obedeció a ningún criterio técnico o profesional, sino que respondió al propósito de dotarle de apariencia de legalidad al fraude», subraya el escrito de acusación. Además de Inipro, para el fiscal las otras dos participantes tenían un objeto social que «no se correspondía en absoluto con el servicio licitado en el concurso, hecho que contravenía las mismas cláusulas técnicas». Además, presentaron ofertas «prácticamente idénticas» y las entregaron casi en el mismo momento, el último día que estaba permitido.
Finalmente, los servicios sociales municipales adjudicaron el contrato a Inipro por 61.011,60 euros, pero la partida que debía durar un año se agotó en los primeros cuatro meses. Con todo, «la empresa continuó contratada por el IMSST sin ninguna cobertura administrativa» y no se hizo ningún trámite para realizar otra licitación. «La vinculación abarcó dos períodos: del 1 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2011, y de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012», por encima del año máximo estipulado en la resolución del consistorio firmada por Pelegrín. El fiscal también detalla algunos correos intervenidos, en los cuales los acusados hablan de simular una prórroga cuando el contrato ya estaba expirado.
