La Audiencia Nacional sitúa un intento de operación sobre el proyecto Hard Rock de Tarragona dentro de la presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo que investiga en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha avanzado El Periódico y ha confirmado la ACN, el auto recoge un contrato firmado el 1 de octubre de 2021 entre dos empresas y el supuesto intermediario de Zapatero, Julio Martínez, “para la búsqueda de oportunidades de negocio” con una “contraprestación del 3%”. La supuesta trama identificó el proyecto Hard Rock de Tarragona, valorado en 2.000 millones de euros. Con todo, el juez admite que “no consta ningún pago” relacionado con esta operación y que, por lo tanto, los contactos “podrían no haberse materializado”.
Según la documentación incorporada a los informes de la UDEF, se trata de contratos firmados por el Grupo Aldesa y Consulenza Strategica, propiedad de Julio Martínez Martínez.
La documentación recoge que Martínez pidió expresamente que se eliminara la palabra “comisión” del contrato. Este hecho, según el juez, “permite inferir que la operativa se articularía mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesoramiento, con la finalidad de encubrir la auténtica naturaleza económica de las operaciones”.
El auto añade que “este patrón reproduce lo que se ha observado en otras sociedades” y refuerza la hipótesis de una estrategia orientada a “ocultar o disfrazar pagos de diversa naturaleza” mediante contratos aparentemente mercantiles.
4 millones pagados a sociedades
La resolución judicial también detalla pagos de Plus Ultra a la supuesta trama. Según el juez, la compañía aérea habría abonado cerca de cuatro millones de euros entre el 2020 y el 2025 a empresas vinculadas a Julio Martínez Martínez y al entorno societario relacionado con Zapatero.
Entre estas sociedades aparecen Análisis Relevante, Whathefav, Gate Center, Inteligencia Prospectiva o Softgestor. Según el juez, muchas de estas empresas tenían una actividad limitada o poco acreditada, pero movían importes elevados mediante facturación cruzada, contratos de asesoramiento y transferencias internas.
El auto señala que Plus Ultra comenzó a pagar a Análisis Relevante al día siguiente de que la SEPI concediera la ayuda pública de 53 millones de euros. El juez considera especialmente relevante que parte de los contratos fueran firmados antes de la aprobación definitiva del rescate, lo que interpreta como un posible conocimiento previo de la decisión administrativa.
