La exconcejala y exportavoz municipal del PSC en Tarragona, Begoña Floría, ha defendido este viernes el carácter voluntario del ciberactivismo socialista durante su declaración en el juicio del caso Inipro. Ante el tribunal, Floría ha negado que existiera una estructura profesionalizada o remunerada dedicada a promover al partido en las redes sociales y ha desvinculado al exjefe de gabinete de Josep Fèlix Ballesteros, Gustavo Cuadrado, de la coordinación directa del equipo de ciberacción constituido en septiembre de 2011.
Floría reivindica el carácter voluntario del ciberactivismo
Durante su intervención, Floría ha explicado que el ciberactivismo era una práctica habitual entre los militantes socialistas desde 2008 y que se desarrollaba de manera altruista, sin ningún tipo de vinculación contractual. Según la exconcejala, la participación en grupos de difusión, como el conocido grupo de Google, era fluctuante y dependía de la disponibilidad y la voluntad de cada miembro.
«El activismo político, cuando una persona milita en un partido, lo hace siempre», ha señalado Floría, que ha insistido en que estas herramientas servían para movilizar a la militancia y difundir los valores del partido en el entorno digital.
La exconcejala también ha asegurado que no tenía conocimiento de que ningún participante cobrara por estas tareas, en contraposición con la tesis de la acusación, que sostiene que trabajadores contratados por Inipro habrían llevado a cabo actividades de ciberactivismo político.
Precisamente, durante las sesiones anteriores del juicio, un agente de la Guardia Civil afirmó que Alejandro Caballero, Cecilia Mangini y Mario Burzuri, vinculados laboralmente a Inipro, desarrollaban tareas de promoción política en las redes sociales a favor de Ballesteros. El investigador basó esta conclusión en diversos correos electrónicos incorporados a la causa.
Desvincula a Gustavo Cuadrado de la coordinación del equipo de ciberacción
Uno de los puntos centrales de la declaración ha sido el papel de Gustavo Cuadrado en la organización del ciberactivismo socialista. Floría ha explicado que, ante la sobrecarga de trabajo que tenía, pidió ayuda a Alejandro Caballero para organizar a los voluntarios y dar más estructura a la actividad digital.
Según su testimonio, el equipo de ciberacción, integrado por Caballero, Cecilia Mangini y Mario Burzuru, surgió de esta iniciativa para mejorar la coordinación de la comunicación política en las redes sociales.
Floría ha negado que Cuadrado participara en la convocatoria o dirigiera este equipo específico, aunque podía estar presente en la agrupación local por sus responsabilidades en el Ayuntamiento. «La reunión no estaba convocada con el señor Cuadrado», ha puntualizado.
Estas explicaciones llegan después de que el propio Cuadrado declarara el jueves que no dirigía el grupo de ciberactivismo del PSC y que era Floría quien asumía principalmente la coordinación. El exjefe de gabinete también negó haber intervenido en la contratación de Inipro y cuestionó la autenticidad de diversos correos electrónicos que lo relacionan con los hechos investigados, asegurando que estaban manipulados.
Los protocolos municipales prohibían utilizar las redes sociales durante la jornada laboral
Floría también ha hecho referencia a los protocolos de seguridad informática vigentes en el Ayuntamiento de Tarragona durante el período investigado. Según ha explicado, estas normas prohibían utilizar las redes sociales en los ordenadores municipales durante el horario laboral.
Con este argumento, la exconcejala ha querido reforzar la distinción entre las funciones administrativas de los trabajadores municipales y la actividad política voluntaria que desarrollaban los militantes socialistas.
La declaración de Floría se suma a las explicaciones de los principales responsables políticos investigados. El jueves, el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros negó haber participado en la planificación de la contratación de Inipro y defendió que había firmado los decretos de pago siguiendo los procedimientos administrativos y con el objetivo de evitar un enriquecimiento injusto de la administración.
El juicio continuará las próximas semanas con las últimas declaraciones y los informes finales de las partes, previstos para diciembre. La causa tendrá que determinar si los recursos públicos destinados a los servicios sociales se utilizaron irregularmente para financiar actividades políticas vinculadas al PSC, una acusación que los principales investigados rechazan.








