Las últimas sesiones del juicio del caso Inipro han aportado nuevos testimonios sobre las actividades desarrolladas por trabajadores de la empresa investigada y los mecanismos de control de los contratos municipales de Tarragona. Diversas trabajadoras de los servicios de inmigración han reconocido la participación de personal de Inipro en proyectos comunitarios, mientras que antiguos responsables municipales y representantes de la oposición han asegurado que no detectaron irregularidades en la contratación.
Una de las declaraciones más detalladas ha sido la de Ainhoa Valencia, vinculada a la Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía, que ha explicado que durante el 2012 trabajó con personal de Inipro en tareas de asesoramiento, elaboración de informes, gestiones administrativas y atención a personas inmigradas.
Otras trabajadoras municipales, como Pilar Samitier, Andrea Suñé y Lila Messibah, también han reconocido la presencia de profesionales de la empresa y su participación en diferentes iniciativas, entre las cuales se encontraba el proyecto Escales Actives. Algunas de estas actividades se desarrollaban fuera de las dependencias municipales, una circunstancia que las defensas consideran relevante para explicar por qué otros profesionales podían desconocer los trabajos realizados.
Por otra parte, el exvicesecretario del área de Territorio del Ayuntamiento de Tarragona ha declarado que no percibió irregularidades en la adjudicación definitiva del contrato de Inipro por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales. También ha explicado que, cuando se detectaban dificultades técnicas relacionadas con el procedimiento de enriquecimiento injusto, se trasladaban los advertimientos a la alcaldía. Parte de las facturas de la empresa se abonaron mediante decretos firmados por el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros.
En este sentido, la antigua secretaria de Ballesteros ha asegurado que el elevado volumen de decretos que se presentaban para firmar hacía difícil que el exalcalde pudiera revisar individualmente toda la documentación.
En cuanto al control político, las exconcejales Arga Sentís, de Iniciativa per Catalunya Verds, y Victòria Forns, de Convergència i Unió, han afirmado que podían acceder sin dificultades a los expedientes municipales y que no detectaron irregularidades durante aquella etapa. Ambas han defendido que los servicios sociales necesitaban más personal para afrontar las necesidades derivadas de la crisis económica y social.
Las antiguas representantes de la oposición también han explicado que las presuntas irregularidades se dieron a conocer en un consejo rector del marzo de 2013, una información que, según han declarado, sorprendió a todos los miembros del organismo, incluida su presidenta, Victòria Pelegrín, también acusada en esta causa.
Las declaraciones llegan después de que los responsables de la investigación reconocieran que inicialmente no habían considerado necesario interrogar a los profesionales de la Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía.
El conjunto de testimonios aporta así nuevos elementos sobre los servicios efectivamente prestados, el funcionamiento de los mecanismos de control municipal y el conocimiento que tenían los responsables políticos sobre la contratación. Unas cuestiones que el tribunal deberá valorar para determinar el alcance de las actividades desarrolladas y las posibles responsabilidades de los acusados.
