El técnico que accedió a un disco duro antes de entregarlo a la Guardia Civil tendrá que explicar este martes cómo obtuvo y custodio el dispositivo. Las defensas cuestionan las garantías de la prueba tras unas sesiones que han dejado interrogantes sobre el origen de la investigación y los trabajos realizados por Inipro.
El juicio del caso Inipro afronta este martes, 20 de octubre, una de las jornadas que más expectación ha generado desde el inicio de la vista oral en la Audiencia Provincial de Tarragona. El técnico informático del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) que localizó un disco duro con información relevante para la investigación tendrá que comparecer ante el tribunal y explicar qué pasó con el dispositivo antes de que llegara a manos de la Guardia Civil.
Su declaración puede ser determinante para aclarar una de las controversias principales del procedimiento: si se respetaron las garantías necesarias para asegurar la integridad de la información que contenía el disco duro y qué valor probatorio se le puede atribuir.
La comparecencia llega en un momento especialmente delicado para la estrategia de las acusaciones, tras unas sesiones en las que las defensas han intentado evidenciar contradicciones en algunos testimonios y han aportado elementos que, según sostienen, apuntan a la existencia de trabajos vinculados a los proyectos de inmigración contratados por el Ayuntamiento.
¿Qué pasó con el disco duro antes de llegar a la Guardia Civil?
Esta será la principal incógnita de la sesión del martes.
Según se expuso durante las cuestiones previas del juicio, el informático del IMSS accedió al disco duro, se lo llevó a su domicilio y no lo entregó a la Guardia Civil hasta el día siguiente.
¿Qué hizo exactamente con el dispositivo? ¿Quién tuvo acceso a él? ¿Se modificó algún archivo? ¿En qué condiciones se conservó durante las horas que estuvo fuera de las dependencias municipales?
Estas son algunas de las cuestiones que previsiblemente centrarán los interrogatorios.
Las defensas consideran que las circunstancias en las que se obtuvo y conservó el disco duro podrían haber comprometido la cadena de custodia. También han planteado dudas sobre el respeto al secreto de las comunicaciones y las garantías de preservación del contenido.
El tribunal ya decidió mantener provisionalmente esta prueba dentro del procedimiento, pero pospuso hasta la sentencia la decisión definitiva sobre su validez. Antes, las magistradas quieren escuchar las explicaciones del técnico y de los agentes de la Guardia Civil que recibieron el dispositivo.
Por tanto, el martes no se decidirá definitivamente la validez del disco duro, pero la declaración del informático puede ser fundamental para determinar la fiabilidad de una de las pruebas relevantes de la investigación.
Las declaraciones del viernes dejan interrogantes abiertos
La expectación por la comparecencia del informático también se explica por el desarrollo de la última sesión del juicio, marcada por las declaraciones del expresidente del comité de empresa del IMSS, Juan Antonio Rivas, y de la exconcejala de la CUP Laia Estrada.
Rivas situó el origen de sus sospechas en el año 2012, cuando tuvo conocimiento de una factura de Inipro superior a los 8.000 euros mensuales. Según explicó, el importe le pareció elevado y el concepto de la factura, poco concreto.
Durante el interrogatorio, sin embargo, las defensas pusieron el foco en las comprobaciones que había realizado antes de cuestionar los trabajos de la empresa.
Los abogados remarcaron que Rivas había hecho referencia inicialmente a varias facturas, mientras que posteriormente concretó que solo había visto una.
También insistieron en preguntarle sobre las competencias de la Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (UTIC), el servicio municipal relacionado con el contrato de Inipro.
Según las defensas, las respuestas del testigo no permitieron acreditar un conocimiento lo suficientemente preciso de las funciones de la unidad ni de los trabajos concretos que la empresa debía desarrollar.
Una única consulta para comprobar la presencia de trabajadores
Otro de los puntos que suscitó interés durante los interrogatorios fue el procedimiento utilizado por los representantes del comité de empresa para comprobar si Inipro prestaba servicios.
Según las explicaciones expuestas durante la vista, los representantes sindicales habrían consultado a una única trabajadora de la UTIC para preguntarle si había visto personal de Inipro en las dependencias municipales.
La respuesta habría sido afirmativa, aunque la trabajadora precisó que hacía tiempo que los había visto.
Los miembros del comité no habrían hecho más consultas porque, según explicaron, no querían levantar sospechas sobre las indagaciones que estaban realizando.
Las defensas cuestionan que estas comprobaciones fueran suficientes para sostener las sospechas sobre el incumplimiento del contrato, especialmente cuando la persona consultada había reconocido la presencia de trabajadores de la empresa.
Una antigua responsable de Servicios Sociales conocía actividades vinculadas a Inipro
La sesión del viernes también incorporó otro elemento que las defensas consideran relevante.
Durante la vista se leyó la declaración prestada en fase de instrucción por M. del Mar Lechuga Quijada, antigua responsable del Área Básica de Servicios Sociales de Tarragona, fallecida en el año 2017.
Según aquella declaración, Lechuga tenía conocimiento de la existencia del contrato de Inipro y de personas que trabajaban en proyectos relacionados con la inmigración.
La antigua responsable municipal también había explicado que se interesó por coordinar algunas actuaciones sociales con estos trabajadores, pero que le indicaron que el equipo estaba centrado en la promoción y constitución de nuevas estructuras asociativas vinculadas a personas inmigradas.
Esta explicación, sumada al conocimiento de la creación de al menos tres estructuras asociativas que habría reconocido una trabajadora vinculada al comité de empresa, es utilizada por las defensas para sostener que existía actividad relacionada con el objeto del contrato.
Sin embargo, la existencia de actividades no demuestra por sí misma que se cumpliera la totalidad del contrato ni que las facturas y las prórrogas fueran correctas. Esta es una de las cuestiones que el tribunal tendrá que determinar a partir del conjunto de la prueba.
Laia Estrada y el origen de la documentación que llegó a la Fiscalía
La declaración de la exconcejala de la CUP Laia Estrada también centró una parte importante de la sesión.
Estrada explicó que la formación había recibido información sobre presuntas irregularidades a través de diferentes vías, entre las cuales comunicaciones anónimas y contactos con trabajadores municipales.
También reconoció que se habían celebrado dos o tres reuniones con Juan Antonio Rivas antes de presentar la denuncia ante la Fiscalía.
Los abogados de las defensas intentaron reconstruir el recorrido de la documentación y aclarar de dónde procedían diversas fotocopias de expedientes administrativos que habrían llegado a manos de la CUP.
En este sentido, plantearon preguntas sobre las personas que habían tenido acceso a los documentos originales y las circunstancias en las que se habían obtenido las copias.
Las defensas sospechan que podría haber habido accesos no autorizados, pero hasta ahora no se ha acreditado judicialmente ninguna conducta de esta naturaleza ni ninguna alteración documental.
La CUP mantiene que actuó ante la información recibida sobre posibles irregularidades y que consideró necesario trasladar los hechos a la Fiscalía.
La Fiscalía afronta una jornada relevante
El juicio continúa examinando las presuntas irregularidades en la contratación de Inipro y la posible destinación de recursos públicos a finalidades ajenas a los servicios municipales contratados.
La Fiscalía y la acusación popular sostienen que el conjunto de las pruebas da soporte a las acusaciones, mientras que las defensas intentan cuestionar su solidez y acreditar que se desarrollaron actividades vinculadas a los encargos municipales.
Las sesiones anteriores también han puesto de manifiesto las dificultades administrativas del IMSS durante los años investigados, con contratos pendientes de regularización y carencias de recursos para tramitar expedientes. El secretario delegado del organismo había reconocido irregularidades en las prórrogas contractuales, distinguíendolas de la adjudicación inicial.
En este contexto, todas las miradas se centrarán el martes en el informático del IMSS.
Su declaración tendrá que ayudar a reconstruir qué pasó con el disco duro durante las horas en las que estuvo fuera de las dependencias municipales, antes de ser entregado a la Guardia Civil.
Lo que explique ante el tribunal no resolverá por sí solo el futuro del caso Inipro, pero puede aportar respuestas a una de las cuestiones más controvertidas del procedimiento: hasta qué punto se puede confiar en las garantías de obtención y conservación de una prueba que ha tenido un papel destacado en la investigación.
