El que fue presidente del comité de empresa del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) ha declarado en la sesión de este viernes del juicio del caso Inipro que cuando vio por primera vez una factura le sorprendió la elevada cantidad del importe -unos 8.000 euros mensuales- y que tenía un concepto «ambiguo».
El ex trabajador ha explicado que fue él quien se dio cuenta de los pagos por unos servicios que, según ha dicho, otros empleados de los servicios sociales no sabían que se prestaban.
También ha declarado Laia Estrada, exconcejala de la CUP -formación que llevó el caso a la fiscalía-, que les llegaron «informaciones» de posibles irregularidades, algunas por parte de empleados, y que acabaron denunciándolo.
La exconcejala también ha asegurado que, una vez que la CUP obtuvo representación en el Ayuntamiento, continuó investigando los hechos, pero que encontró obstáculos para acceder a la información por parte del gobierno municipal de Josep Fèlix Ballesteros.
