Las \u00faltimas sesiones del juicio del caso Inipro han aportado nuevos testimonios sobre las actividades desarrolladas por trabajadores de la empresa investigada y los mecanismos de control de los contratos municipales de Tarragona. Diversas trabajadoras de los servicios de inmigraci\u00f3n han reconocido la participaci\u00f3n de personal de Inipro en proyectos comunitarios, mientras que antiguos responsables municipales y representantes de la oposici\u00f3n han asegurado que no detectaron irregularidades en la contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Una de las declaraciones m\u00e1s detalladas ha sido la de Ainhoa Valencia, vinculada a la Unidad T\u00e9cnica de Inmigraci\u00f3n y Ciudadan\u00eda, que ha explicado que durante el 2012 trabaj\u00f3 con personal de Inipro en tareas de asesoramiento, elaboraci\u00f3n de informes, gestiones administrativas y atenci\u00f3n a personas inmigradas.<\/p>\n\n\n\n
Otras trabajadoras municipales, como Pilar Samitier, Andrea Su\u00f1\u00e9 y Lila Messibah, tambi\u00e9n han reconocido la presencia de profesionales de la empresa y su participaci\u00f3n en diferentes iniciativas, entre las cuales se encontraba el proyecto Escales Actives. Algunas de estas actividades se desarrollaban fuera de las dependencias municipales, una circunstancia que las defensas consideran relevante para explicar por qu\u00e9 otros profesionales pod\u00edan desconocer los trabajos realizados.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, el exvicesecretario del \u00e1rea de Territorio del Ayuntamiento de Tarragona ha declarado que no percibi\u00f3 irregularidades en la adjudicaci\u00f3n definitiva del contrato de Inipro por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Tambi\u00e9n ha explicado que, cuando se detectaban dificultades t\u00e9cnicas relacionadas con el procedimiento de enriquecimiento injusto, se trasladaban los advertimientos a la alcald\u00eda. Parte de las facturas de la empresa se abonaron mediante decretos firmados por el exalcalde Josep F\u00e8lix Ballesteros.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, la antigua secretaria de Ballesteros ha asegurado que el elevado volumen de decretos que se presentaban para firmar hac\u00eda dif\u00edcil que el exalcalde pudiera revisar individualmente toda la documentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al control pol\u00edtico, las exconcejales Arga Sent\u00eds, de Iniciativa per Catalunya Verds, y Vict\u00f2ria Forns, de Converg\u00e8ncia i Uni\u00f3, han afirmado que pod\u00edan acceder sin dificultades a los expedientes municipales y que no detectaron irregularidades durante aquella etapa. Ambas han defendido que los servicios sociales necesitaban m\u00e1s personal para afrontar las necesidades derivadas de la crisis econ\u00f3mica y social.<\/p>\n\n\n\n
Las antiguas representantes de la oposici\u00f3n tambi\u00e9n han explicado que las presuntas irregularidades se dieron a conocer en un consejo rector del marzo de 2013, una informaci\u00f3n que, seg\u00fan han declarado, sorprendi\u00f3 a todos los miembros del organismo, incluida su presidenta, Vict\u00f2ria Pelegr\u00edn, tambi\u00e9n acusada en esta causa.<\/p>\n\n\n\n
Las declaraciones llegan despu\u00e9s de que los responsables de la investigaci\u00f3n reconocieran que inicialmente no hab\u00edan considerado necesario interrogar a los profesionales de la Unidad T\u00e9cnica de Inmigraci\u00f3n y Ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
El conjunto de testimonios aporta as\u00ed nuevos elementos sobre los servicios efectivamente prestados, el funcionamiento de los mecanismos de control municipal y el conocimiento que ten\u00edan los responsables pol\u00edticos sobre la contrataci\u00f3n. Unas cuestiones que el tribunal deber\u00e1 valorar para determinar el alcance de las actividades desarrolladas y las posibles responsabilidades de los acusados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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