La C\u00e1mara de la Propiedad Urbana de Tarragona reclama una respuesta m\u00e1s contundente de las administraciones ante el aumento sostenido de la ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas, un fen\u00f3meno que, seg\u00fan la entidad, genera un impacto social, econ\u00f3mico y jur\u00eddico importante tanto para los propietarios como para la convivencia vecinal.<\/p>\n\n\n\n
La entidad advierte que, seg\u00fan datos del Ministerio del Interior, los casos de usurpaci\u00f3n o ocupaci\u00f3n ilegal han pasado de 2.702 en el a\u00f1o 2010 a 16.426 en 2024 en todo el Estado, un incremento superior al 500%. En la demarcaci\u00f3n de Tarragona, en el mismo per\u00edodo, se ha pasado de 78 a 785 casos, multiplicando casi por diez la cifra inicial.<\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara considera que estos datos evidencian que no se trata de un fen\u00f3meno puntual, sino estructural, y reclama una respuesta p\u00fablica m\u00e1s eficaz. Seg\u00fan la entidad, detr\u00e1s de cada caso hay propietarios que a menudo han adquirido la vivienda tras a\u00f1os de ahorro o como apoyo para la jubilaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n alerta del impacto sobre las comunidades de vecinos, con problemas de convivencia, sensaci\u00f3n de inseguridad, desperfectos y aumento de gastos, tal como recoge el Instituto de Estudios Econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto a la resoluci\u00f3n de los casos, la C\u00e1mara destaca que en 2024 se investigaron en Tarragona 621 de los 785 hechos conocidos, cerca del 80%, hecho que, seg\u00fan la entidad, muestra que el problema no es tanto la identificaci\u00f3n como la lentitud de los procesos para recuperar los inmuebles.<\/p>\n\n\n\n
Ante esta situaci\u00f3n, propone incrementar el parque de vivienda social, agilizar los procedimientos judiciales de desalojo, endurecer las sanciones y establecer mecanismos de indemnizaci\u00f3n para los propietarios afectados.<\/p>\n\n\n\n
La C\u00e1mara defiende que el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad deben ser compatibles, y que la respuesta a la vulnerabilidad social debe recaer en las administraciones p\u00fablicas, no en particulares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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